Años de cárcel en El Salvador por abortos involuntarios

17 mujeres fueron condenadas a penas de hasta 40 años en El Salvador por sufrir un aborto espontáneo. Se les acusó de homicidio agravado, entre 1999 a 2011. En muchos casos habían sufrido una violación. Más de 129 mujeres fueron procesadas por interrumpir su embarazo cuando en la mayoría de las ocasiones fue involuntariamente, por complicaciones obstetricias. En el Salvador está prohibido el aborto en todos los casos, incluso en el supuesto de violación o riesgo para la vida de la madre.
 
Carmen Guadalupe Vásquez Aldana sufrió una violación con 18 años fruto de la cual se quedó embarazada. El trauma de la violación, su edad y la desinformación provocó que ella misma desconociera su estado y siguiera trabajando. El bebé nació muerto, como dictaminaron varios médicos tras el parto. Aun así el hospital la denunció y fue encarcelada. 9 años después, en enero de este año, la justicia le ha dado la razón y le ha llegado el indulto. Se habían vulnerado sus derechos en el proceso del juicio. Ella era una de las 17. Condenada por un aborto espontáneo sin pruebas. El centro penitenciario de Ilopango, donde están encarceladas la mayoría, apenas cumple las condiciones mínimas de habitabilidad. En cada celda duermen alrededor de 40 mujeres y allí viven más de 100 niños con sus madres.

Según la Organización Mundial de la Salud el 9% de las muertes maternas en Centroamérica se deben a los abortos clandestinos. El Ministerio de Salud salvadoreño apunta que el suicidio es la causa de muerte del 57% de las jóvenes embarazadas entre 10 y 19 años.

En general, las salvadoreñas con un nivel socio-económico superior pueden acudir a clínicas privadas o viajar a otro país. El abogado de Guadalupe, Dennis Muñoz, ha calificado la política sobre el aborto de “caza de brujas contra las mujeres pobres”, que son las que acuden a las instituciones públicas donde los médicos siempre denuncian por temor a ser procesados. Amnistía Internacional también ha denunciado que la situación se agrava por el hecho de que las mujeres y niñas con recursos económicos limitados no pueden acceder a una educación sexual adecuada o a métodos anticonceptivos gratuitos.
 
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenésico fue la entidad local que pidió los 17 indultos el 1 de Abril de 2014. Actualmente son 15 porque una de ellas, Mirna, va a acabar de cumplir su condena de 12 años y medio. Amnistía Internacional se ha sumado a la campaña global para pedir el indulto de “#Las17”. Se han recogido más de 200.000 firmas.
 
Mientras otros países de Latinoamérica, igualmente influidos por la Iglesia Católica, tienen legislaciones parecidas (Haití, Honduras y Nicaragua), otros intentan avanzar en la dirección de las democracias occidentales. Así, Chile va a reformar su legislación para despenalizar el aborto en los supuestos de riesgo para la vida de la madre, incompatibilidad con la vida del feto o violación. En diciembre, República Dominicana legalizó estos mismos causales, así como el de incesto.


Esperemos que estas medidas presionen al gobierno Salvadoreño para indultar a las otras 15 mujeres encarceladas y reforme su política con respecto al aborto.

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