La realidad de los abortos inseguros en México

En México, según Ipas, los últimos 16 años se han registrado más de 3 millones 413 mil abortos legales en distintas instancias públicas. Unos 200 mil servicio de aborto por año. Sin embargo, en base a datos del  Consejo Nacional de Población, se estima que en México se producen anualmente entre 750 y un millón de abortos clandestinos anualmente. Es decir, que 8 de cada 10 mujeres mexicanas no tienen acceso a un aborto legal y seguro.

Por otro lado, según el instituto Guttmacher, aproximadamente un 36% de las mujeres que se sometieron a un aborto clandestino sufrieron complicaciones obstétricas. De estas un 25%, no recibieron el tratamiento adecuado y murieron.

Según las organizaciones en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, este es el verdadero problema de los abortos clandestinos, las condiciones en las que se desarrolla una práctica médica que debería estar garantizada como política de salud pública.

La penalización y criminalización del aborto en México, excepto en Ciudad de México única entidad donde es legal hasta las 12 semanas de gestación. Tiene graves consecuencias para las mujeres,  señalamos algunas como:

  • En el ámbito de la salud: en muchas ocasiones las mujeres que deciden realizarse un aborto ponen en peligro su vida con el uso de hierbas vía vaginal que pueden causar infecciones. También mujeres que son sometidas a cirugía cuándo el aborto es un procedimiento que no las requiere. O la posibilidad de contraer una infección importante debido a que el instrumental utilizado no está esterilizado.
  • En el ámbito de la justicia: cualquier complicación obstétrica, aborto espontaneo o parto prematuro, es sospechoso de haber cometido un delito de aborto. Por lo cuál cualquier mujer que se encuentra en esta situación y acude a un hospital puede verse envuelta en un proceso penal con penas de cárcel bajo delitos de homicidio. Actualmente en  hay unas 200 mujeres encarceladas por alguno de estos motivos.

Desde las organizaciones de mujeres que luchan por los derechos sexuales y reproductivos, coinciden en señalar que está ampliamente demostrado en estudios y recogidos en tratados internacionales, que las mujeres que deciden abortar lo hacen independientemente de que sea legal o no. Por lo que la pregunta no es si el aborto debe ser legal o no, sino que el dilema se centra en si queremos abortos seguros que no pongan en riesgo la vida de las mujeres o por el contrario avocamos a las mujeres a poner en riesgo su vida y salud a través de la penalización y criminalización del aborto.

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