Criminalizar el aborto, fomenta que sean peligrosos

Desde hace ya tiempo desde organismos internacionales como la ONU, se viene constatando a través de múltiples informes que las leyes que penalizan el aborto y lo obstaculizan no solo no reducen su práctica, sino que provoca que estos procedimientos se realicen en condiciones inseguras poniendo en peligro la vida y la salud de las mujeres.

Un estudio reciente del instituto Guttmacher publicado en la prestigiosa revista “The Lancet”, viene a corroborar estas conclusiones. En dicho estudio se analizan diferentes países, comparando aquellos cuyas legislaciones son permisivas con ella aborto frente a países cuyas legislaciones penalizan y/o obstaculizan el aborto provocado.

Según los datos de 166 países recogidos en el estudio, entre los años 2015 y 2019 hubo un promedio de 121 millones anuales de embarazos no planificados. Aunque no se encontraron diferencias sociales significativas entre los países respecto a los embarazos no deseados (dándose en distintas edades, clases sociales, etc. ) si se detectaron claras diferentes entre países cuándo se analizan las consecuencias de dichos embarazos no planificados, respecto a las condiciones de vida y el acceso al aborto legal y seguro.

Las conclusiones del estudio son contundentes, los países con ingresos bajos donde el aborto está penalizado, las tasas de aborto son mayores (38 por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años) que países con ingresos altos, donde existen legislaciones permisivas frente al aborto provocado (15 abortos por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años). Más del doble de incidencia de aborto provocado en los países donde ser criminaliza esta práctica frente a los países donde se permite.

Además el estudio constata como países con ingresos bajos y leyes que penalizan el aborto existen tasas más alta de embarazos no planificados que en aquellos donde la legislación es permisiva frente a esta práctica. Esto se explica por que en los países con altos ingresos y normativas que reconocen el derecho al aborto, se acompañan de políticas públicas de promoción de la salud sexual y reproductiva, con incidencia en educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos modernos y a la interrupción legal del embarazo.

Se demuestra que para reducir los embarazos no planificados así como el número de aborto en los países, las estrategias que funcionan deben ir hacia legislaciones que permitan acceder a la ILE y no penalizarla. De esta forma se garantiza que los abortos voluntarios sean seguros y garanticen la vida y salud de las mujeres que deciden abortar.

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