Mexicanas encarceladas por abortar

En México la interrupción del embarazo, incluso en los supuestos legales, se encuentra rodeada de un gran estigma, invisibilización y persecución. El supuesto de aborto por violación es legal en todo el país pero existen numerosas entidades que obstaculizan su acceso vulnerando el derecho a decidir de las mujeres que han sido violadas, en muchas ocasiones niñas y menores adolescentes.

Solo dos estados Ciudad de México y Oaxaca tienen leyes que despenalizan el aborto hasta la semana doce de gestación, reconociendo en este periodo el derecho a decidir de las mujeres que deciden acceder a una ILE.

Sin embargo, en el resto de entidades la criminalización del aborto se traduce en la práctica en una sospecha continua sobre las mujeres que sufren emergencias obstétricas cuyo resultado es un aborto, en muchas ocasiones espontáneo e involuntario.

Mujeres que cuándo recurren a los servicios médicos se enfrentan al cuestionamiento por parte del personal de salud, que aprovechando su situación de vulnerabilidad y emergencia médica, la hacen declarar bajo presión o firmar documentos a cambio de recibir la atención médica. Para luego ser denunciadas por el delito de aborto.

Desde enero de 2007 hasta diciembre de 2018, 4 mil 246 mujeres han enfrentado procesos penales por el delito de aborto. Una consecuencia directa de un marco jurídico en el país que considera la interrupción del embarazo como un delito y no como un servicio médico. Las consecuencias son claras desde sanciones, multas, trabajo comunitario hasta penas de cárcel.

Una característica común de las mujeres que sufren el impacto mas brutal de la criminalización del aborto en México, son las mujeres pobres, con bajos niveles de ingresos, que viene en zonas rurales y que son en su mayoría indígenas.

Son este perfil de mujeres las que presentan mayores tasas de embarazos no cesado y mayores riesgos de complicaciones en el embarazo. Algo que tiene mucho que ver con la falta de acceso de estas poblaciones rurales a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva.

Es necesario un avance en derechos sexuales y reproductivos, la mayoría de la sociedad mexicana reclama que el aborto sea despenalizado en todo el país, al igual que lo está en Ciudad de México. El derecho a decidir de las mexicanas no puede esperar más y el Gobierno e México debe reconocerlo y garantizarlo en todo el país.

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