Nuevo León aprueba una reforma que vulnera los derechos humanos

El Congreso de Nuevo León aprobó reformar la ley para hacer prevalecer la objeción de conciencia de los prestadores públicos de salud, por encima de los derechos legítimos de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos.

Acogiéndose a la objeción de conciencia el congreso de Nuevo León vulnera derechos reconocidos por leyes estatales y que son de obligado cumplimiento para todo el país.  En concreto la reforma aprobada permite que el personal público de salud pueda negarse a practicar abortos (incluso en casos de violación) y a atender a personas de la comunidad LGBT+, a personas con VIH y a migrantes o indígenas. Cualquier actividad que no sea acorde a su pensamiento puede ser negada, aunque legalmente esté reconocida.

¿Qué significa la objeción de conciencia?

Cuándo hablamos de objeción de conciencia nos referimos al derecho de toda persona a negarse a realizar determinados actos o servicios cuándo éstos contradicen sus propios principios éticos o morales.  

Este derecho individual y legitimo no debe ser utilizado sin embargo para negar servicios públicos a los que la ciudadanía mexicana tiene todo el derecho. Así, las administraciones públicas deben garantizar que toda persona que lo requiera deberá ser atendida por otro especialista no objetor en todas las instalaciones de salud.

La objeción de conciencia debe ser siempre una decisión individual del personal directamente involucrado en la realización de los procedimientos médicos y que la misma tiene que ejercerse de forma justificada y anticipada. Además esto no puede eximir a las instituciones públicas de sus obligaciones como garantes de los derechos de los y las pacientes.

La reforma aprobada recientemente en Nuevo León facilita el uso de la objeción de conciencia para que cualquier  profesional de la salud com médicos, enfermeros, etc. se niega a atender a un miembro de la comunidad LGTYBI+ o realizar alguna práctica o actividad que no comulgue con su ética, valores o religión, y sin que esto supongo ninguna sanción legal o una violación de los derechos de la personas a la que se le niega dicho servicio.

Organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos han mostrado su rechazo a la reforma, a través de las redes sociales y en una manifestación en las afueras del recinto donde se encontraban los legisladores locales.